Luis Méndez, Alberto Arreaga y Rosana Pérez Cruz están detenidos en las celdas de la Policía Judicial, en Quito.

Miembros de la Policía Judicial detuvieron ayer, al mediodía, en el Congreso Nacional, a Luis Méndez, empleado del Parlamento y compañero de trabajo de Tomás Chávez Toalá. Este último consta en la lista de nueve ciudadanos que tienen orden de prisión de la Intendencia de Policía por su presunta vinculación a la red de tramitación ilegal de recursos presupuestarios.

Además están presos Alberto Arreaga Andrade, quien también labora en el Parlamento y Rosana Pérez Cruz, detenida para investigaciones, pero la Policía no confirmó a qué se dedicaba.

Méndez labora en el Departamento Jurídico del Congreso Nacional. Tomás Chávez le encargó, el pasado viernes 22 de junio, la entrega de un paquete con documentos a Rosario Chávez, su hermana.

Méndez fue detenido para investigaciones; este funcionario acudió, la semana pasada, a la Comisión de Fiscalización para entregar documentación que revelan parte de la red que tramitaba partidas extra presupuestarias desde el Ministerio de Economía a favor de los municipios.

La Jefatura Provincial de Migración informó que el ex ministro Carlos Julio Emanuel no registraba, hasta ayer, ningún movimiento migratorio por Quito. Sin embargo, no pudo confirmar si el ex funcionario ha salido o no por cualquier otro lugar del país.

Según el teniente Manolo Vallejo, de la Jefatura de Migración, se necesitan 72 horas para obtener ese dato. Se debe esperar la respuesta de los departamentos de Migración de cada provincia.

En Guayaquil, por pedido del fiscal del Guayas Germán Dávila, el juzgado Séptimo de lo Penal ordenó ayer la detención de cinco de los nueve implicados en el caso de corrupción por el trámite de partidas presupuestarias desde el Ministerio de Economía

La solicitud de captura se dictó en contra de Kléber José Chica Zambrano, Galo Adolfo Farfán Pacheco, Enrico Benincasa Azúa, Iván Ojeda Aguirre y Eduardo Alfredo Flores Torres, quienes tienen su domicilio en esta ciudad.

Dentro de este caso de supuesta corrupción, la sala de Sorteos de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil (CSJ) recibió ayer el recurso de amparo de libertad que presentó Annabel Quintana Monge, ex empleada del ministerio.

En su escrito la demandante rechaza la orden de detención que dictó en su contra el pasado 21 de junio el Intendente General de Policía del Pichincha, por considerarla ilegal. Quintana aduce que el único competente para llevar a cabo una investigación es el fiscal.

Señala también que ingresó a laborar al Ministerio de Economía en octubre del 2001, con un contrato de asesoría, pero que en marzo de este año fue designada como coordinadora administrativa del Ciclo Presupuestario.

Los magistrados de la Corte Suprema explicaron ayer que el intendente de Pichincha, Víctor Hugo Olmedo, no tiene facultad legal para emitir órdenes de prisión preventiva en contra de los implicados en la tramitación de partidas.

La única autoridad competente para dictar estas medidas, sostuvieron, son los jueces, según lo previsto en las normas del Código de Procedimiento Penal vigente.