El 9 de junio se publicó un comunicado del Ministerio de Agricultura que informa a los productores maiceros y arroceros y a la ciudadanía en general, las “razones” por las que  “el Gobierno no puede establecer ninguna política de precios” para esos granos. Hace conocer además la supuesta implementación de políticas “que maximicen el bienestar de todos los sectores económicos de las cadenas agroproductivas”, como la creación de los consejos consultivos agropecuarios.

Dicho comunicado refleja el más absoluto desconocimiento sobre las últimas políticas de comercio y agricultura de  uno de los miembros más poderosos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), los Estados Unidos, cuya legislación de este año ha cambiado radicalmente la política anterior de eliminar los subsidios agrícolas, para elevar los subsidios federales por encima del 80% para productos como el trigo, y crear nuevos subsidios para el maní, la lenteja y la leche.

¿Por qué Estados Unidos recurre a esas medidas pese a ser miembro de la OMC?  ¿Por qué la Unión Europea se resistió a poner sobre la mesa de discusiones de la Ronda de Doha, el pasado noviembre, el tema agrícola? Por las consecuencias sociales del libre comercio para sus países, sin considerar que son miembros de la OMC. El Ministerio de Agricultura está obligado a intervenir para  establecer una política de precios.
Eco. Agr. Felipe Orellana Albán
Ex ministro de la Producción
Guayaquil