Por no tener competencia para juzgar a civiles, la Corte de Justicia Militar (CM) remitió a la Fiscalía de Pichincha el expediente del caso de la frustrada compra de dos helicópteros Bell para la Armada, en la parte que involucra a Antonio Orrantia Vernaza y a otros ejecutivos de la firma vendedora, Panamerican Organization Properties (POP).
La documentación la envió el viernes pasado el presidente de esa judicatura, vicealmirante Gabriel Garrido. La intención es que la Fiscalía inicie la instrucción fiscal en contra de los funcionarios de POP, pues la justicia militar no es competente.
Orrantia, representante de POP en Ecuador y otros funcionarios, cuyos nombres no se revelaron, son responsables, según la Contraloría, de haber recibido de la Junta de Defensa Nacional 17,9 millones de dólares y no haber entregado las naves, pese a que ese monto cubría el costo de una de ellas. El valor de los dos helicópteros era de 35,8 millones.
Mientras, el proceso que se sigue en la jurisdicción militar, por la compra de las naves y que involucra al ex comandante de la Marina, Cristóbal Moncayo y a los ex miembros del Comité de contrataciones y de la Comisión técnica, sufrió un retraso. Para el 24 de junio se aplazó la recepción del testimonio indagatorio del capitán de Navío Gonzalo Muñoz, en respuesta a su solicitud, porque su abogado no está en el país.