Proceso se inició por supuesta irregularidad en la venta de acciones al Banco del Progreso.

La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) inició el pasado 23 de mayo un juicio coactivo contra quienes participaron en la venta de acciones de Cofiec al Banco del Progreso.

El juicio se sigue a los hermanos Juan José y Felipe Avellán Arteta (propietarios de Cofiec), y las empresas Grufipa Cía. Ltda., Kordali Cía Ltda., Honaker Corporation, The Sudney Company y Acería del Ecuador (Adelca).

Estos funcionarios y empresas eran, según la AGD, los encargados de entregar las acciones de Cofiec, por 37,6 millones de dólares, al Progreso, pero la transferencia no se realizó pese a que sí se cumplieron los pagos.

Como parte del proceso, el juzgado de coactiva del Banco del Progreso notificó ayer a la Acería del Ecuador (Adelca) de la prohibición de enajenar (transferir) sus bienes.

Además, se solicitó el embargo de las cuentas bancarias de los hermanos Avellán. Ayer la Agencia recibió información sobre los recursos que estos funcionarios mantenían en el Banco del Pichincha, alrededor de $ 70.000. Se espera para esta semana los datos de los demás bancos del país.

Luego de la notificación, efectuada ayer, los acusados tienen tres días para presentar un acuerdo de pago, si no lo hacen comenzará el embargo.

“Los abogados de los hermanos Avellán están intentando un acuerdo para devolver los recursos que le entregaron por las acciones (37,6 millones de dólares)”, explicó una fuente que participa en las negociaciones.

Sin embargo, en el juicio Nº 301 no consta ningún escrito de parte de los defensores de Avellán, solo se incluye una carta de la abogada Alexandra Alvarado Bowen que solicita una copia del proceso.

El departamento de auditoría interna de la AGD realizó el 22 de abril pasado un informe sobre los desembolsos efectuados por el Banco del Progreso a Cofiec.

En el documento se indica que la Agencia no pudo obtener la documentación que sustente los desembolsos realizados por el Progreso desde el 30 de diciembre de 1998 hasta el 7 de enero de 1999.

Según el informe, el dinero para la compra de acciones no salió de la cuenta de Fernando Aspiazu (ex propietario del Progreso), sino del Banco del Progreso S.A.

Agrega que los comprobantes de negociación emitidos por el Banco del Progreso no contienen descripción alguna que permita identificar la razón de estos desembolsos.

PROCESO
El gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Patricio Dávila, dijo ayer a  Ecuavisa   que aún no se conoce la cifra exacta que deberán devolver los accionistas de Cofiec al Banco del Progreso.

Rentabilidad

“Hay un tiempo que ha transcurrido en que ellos (los accionistas) han mantenido el dinero de la venta de las acciones en su poder y este genera rentabilidad”, agregó el funcionario.

Cláusula
Dávila explicó que en una cláusula del contrato de compraventa de acciones de Cofiec, se establecía que de ser fallida la transacción, los accionistas de este banco se quedarían con $ 10 millones.

Una fuente de la Agencia dijo que el juicio no afectará el funcionamiento de Cofiec, pues las medidas cautelares no involucran a esta entidad.

LA NEGOCIACIÓN
ACUERDO

El 25 de noviembre de 1998 se firmó un acuerdo de fusión entre los accionistas mayoritarios de Cofiec que representaban el 91,26% del capital del banco y los representantes legales del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu y Ernesto Balda.

INCUMPLIMIENTO

Intempestivamente, los doctores Aspiazu y Balda dejaron de pagar.

Como consecuencia de ello quedó sin efecto la fusión y se cambió el objeto del contrato.

En ese momento Cofiec decide vender 72,4% de sus acciones, por los 37,6 millones que ya habían sido pagados.

La entrega de acciones al Banco del Progreso no se concretó.

EL MONTO

Se pactó un precio de 47,2 millones de dólares por las acciones de Cofiec.

FORMA DE PAGO

Se haría en 10 millones al contado y cuotas semanales de 3 millones hasta que se cancele el valor total.

PAGOS REALIZADOS

Del precio pactado, Aspiazu y Balda cancelaron 37,6 millones de dólares, mediante entregas que se realizaron hasta el 18 de febrero de 1999.

Fuente: Auditoría interna de la AGD