El Clashflow salió de Galápagos en 1999 cuando estaba por rematarse, igual que el María Canela II.

El barco María Canela II, en proceso de remate por pesca ilegal en la reserva marina de Galápagos y que desapareció de la rada de Puerto Ayora el pasado viernes, no es el único que ha huido de las islas. A fines de 1999, el Clashflow, de bandera costarricense y retenido por la misma causa, escapó sin dejar rastros. A estos casos se suma la pérdida de cargamentos de aletas de tiburón, incautados de otras embarcaciones.

En la salida del María Canela II se repite lo acontecido en las pasadas ocasiones: nadie responde por la pérdida y tampoco hay resultados de la búsqueda. No quedaron huellas pero sí responsabilidades, que hasta ayer nadie quería asumirlas.

La embarcación estaba a cargo del Parque Nacional Galápagos (PNG), entidad que únicamente en un boletín informó del operativo de búsqueda, en el que participan lanchas de esa entidad, de la Armada Nacional y una avioneta particular.

Pablo Guerrero, jefe de la Unidad de Recursos Marinos del PNG, manifestó ayer que la vigilancia “debió estar a cargo de la Armada Nacional”, aunque reconoció que el María Canela II tenía un depositario judicial, en este caso un funcionario del PNG cuyo nombre no citó.

El capitán de puerto de Puerto Ayora, Manolo Álava, descartó que sea culpa de su institución. “Ellos (PNG) son los depositarios judiciales. Algo pasó; para que un barco salga a navegar después de estar parado más de un año debía tener algún tipo de mantenimiento y los únicos que tenían acceso a él eran los funcionarios del Parque, ellos tenían las llaves”, afirmó.

La nave estaba valorada en 280.000 dólares, incluidos sus equipos de navegación y los implementos utilizados para la pesca, como sus redes y palangres. Su remate, ratificado por el Tribunal Constitucional el 26 de octubre del 2001, fracasó en dos ocasiones.

Cuando se produjo la captura, la embarcación operaba en aguas prohibidas, dentro de la reserva marina del archipiélago, y tenía en sus bodegas 1.047 aletas y 78 cuerpos de tiburón. La Ley Especial de Galápagos establece que todos los trámites y el cuidado corresponden al PNG.

Pablo Guerrero mencionó que el ex dueño del barco, el costarricense José Abel Guevara, presuntamente se lo habría llevado, pues permaneció en Santa Cruz desde hace dos semanas y no registra salida en el avión de TAME.

“El motor estaba encadenado y los ingresos sellados”, respondió, al indagarle sobre las facilidades que tuvieron las personas que ingresaron a la nave. Indicó que esta tenía en sus reservorios 3.000 galones de combustibles, “que estaban ahí bajo inventario, desde el día de su captura”.

LOS CASOS

EL PESQUERO  costarricense Clashflow, detenido en 1999 mientras pescaba en la reserva marina, tenía en sus bodegas un cargamento de aletas de tiburón.

El día en que el  Parque Nacional Galápagos (PNG) ordenó el remate de la embarcación, esta huyó del puerto de Isabela.

Leonardo Figueroa,  funcionario del PNG y encargado de cuidar el barco, afirmó en junio del año pasado que “los dueños aprovecharon que hacíamos un operativo para capturar un bote que realizaba pesca ilegal en la zona de reserva y se fueron”. 
 
En febrero del año pasado, en un chequeo por personal del Servicio de Cuarentena de Galápagos (Sicgal) al barco de carga ecuatoriano Paola, se encontró en una de sus bodegas un cargamento de 300 aletas de tiburón. La carga ilegal se la llevó a las bodegas del PNG en San Cristóbal, desde donde desapareció.

El 11 de marzo del 2001, el barco pesquero Dilsun, con base en el puerto de Manta, solicitó arribo forzoso a Puerto Villamil con una carga de 350 cuerpos y 413 kilos de aletas de tiburón en sus bodegas. La nave zarpó después de pocos días y nadie sabe qué pasó con la carga.