Los acuerdos entre la sociedad, en ningún caso, deberían ser un mecanismo que sustituye las decisiones que se toman en el Estado.

Augusto Barrera, del Centro de Investigaciones Ciudad y coordinador de la publicación Ecuador: un modelo para desarmar, sostiene que el país tiene que rearmar un verdadero proyecto de modernización a largo plazo, que vaya más allá de la visión privatizadora y que involucre a sectores como la educación, seguridad social y agricultura.

¿Por qué no funcionan los proyectos de país, como la modernización del Estado?
Por varias razones. La primera es que la corriente que dominó durante estos años los proyectos de modernización vinculando exclusivamente modernización con privatización. Esto provoca una ausencia práctica de alternativas de modernización del Estado y las empresas estatales.

Segunda, es que el contexto económico internacional, la importancia que tiene el Ecuador es desfavorable para concretar procesos de modernización. Gran parte de la inversión extranjera directa está destinada a los propios países centrales y a mercados y empresas emergentes como las del ex bloque soviético y asiático. Y tercera, la falta de acuerdo en los mecanismos de modernización entre los distintos sectores sociales.

Significa que no se puede sacar ningún proyecto a pesar de que la sociedad se pone de acuerdo ¿Es responsabilidad de la sociedad política?
Es un acuerdo de la sociedad política y los que están frente al Estado. La decisión final sobre políticas de Estado están en las autoridades. Lo cual no quiere decir que haya un mayor nivel de apertura a posiciones desde la sociedad civil, pero la responsabilidad está en las autoridades del Estado. El hecho de que se produzcan agendas y acuerdos entre la sociedad civil, en ningún caso, debería ser un mecanismo que sustituye el hecho que las decisiones se toman en el Estado. Los objetivos de una mayor participación civil es más transparencia, pero garantizar un deber más público, a ojos de todo el país, sobre los criterios e intereses que están detrás de las decisiones.

¿Se justifican los fracasos en el hecho de que los gobiernos no tienen una responsabilidad partidaria definida, como en el actual?
Es un factor de los fracasos, no el único, pero sí importante. No existe responsabilidades a futuro de lo que debería ser un sistema de partidos estables que pueda ser juzgado a través del voto por la población en elecciones sucesivas. Gobiernos aparentemente de independientes o que no expresan una corresponsabilidad político partidaria clara, disuelven la responsabilidad en la toma de decisión.

¿La sociedad tiene su responsabilidad también?
Lo que puedan decir las organizaciones no gubernamentales, las cámaras, da elementos, construye agendas de consensos, criterios a tomarse en cuenta, pero no sustituyen la responsabilidad básica de las autoridades. Hace diez o quince años el nivel de debate e información sobre asuntos claves de política estatal era desconocido. Ahora hay un avance en la democratización de la información y capacidad de formar opinión pública, y los medios sí juegan un papel importante.

¿Por qué en las mesas de diálogo varios sectores se ponen de acuerdo, pero eso no llega a concretarse en políticas de Estado?
Hay bastante insensibilidad de parte de las autoridades del país, casi todo el mundo veía los desenlaces en algunos procesos como en las eléctricas. Había posiciones de que el proceso “va, porque va”. En el manejo del proceso de descentralización hay un acuerdo básico por donde orientar la descentralización, pero en la coyuntura electoral se activa el tema de la autonomía. Entonces no se avanza ni en el tema de descentralización ni se aborda la autonomía.

Hay contradicciones partidistas como la del Partido Social Cristiano (PSC) que dice apoyar la modernización, pero la bombardea ¿a qué responde?
Responde que en el caso ecuatoriano, el argentino y el peruano hay un excesivo nivel de vínculo entre los grupos económicos y los partidos políticos, lo cual impide que esos partidos se muevan con suficiente autonomía frente a las presiones económicas. En varias ocasiones lo que provoca es que los apoyos o las oposiciones a los procesos de privatización tengan que ver con que determinado grupo económico participa de los beneficios de los procesos antes que con una reflexión ideológica que debería motivar la actuación de los políticos.

¿Ecuador todavía es un país para desarmar?
Con todos estos conflictos en relación a especie de dogmatismo de entender la modernización como privatización hay que desarmar. Pero rearmar un verdadero proyecto de modernización.