La prórroga de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) terminó ayer en medio de un enfrentamiento entre la Casa Blanca y los demócratas del Senado, quienes tienen visiones dispares sobre la política comercial del país.

La Casa Blanca rechazó una segunda extensión de la ley, tal como lo había solicitado el líder de la mayoría demócrata del Senado, Tom Daschle, para permitir que el órgano legislativo continuase negociando esta y otras medidas comerciales aún pendientes.

La portavoz de la Casa Blanca, Claire Buchan, afirmó que la ley se extendió “una sola vez”, en un claro intento por presionar al Senado a que acelerara su renovación.

Según Buchan, el Senado debe actuar con rapidez sobre este asunto porque “hay varias medidas que permitirían que la ATPA se aplique de forma retroactiva”, para evitar el pago de costosos aranceles.

El Gobierno de EE.UU. indicó que es difícil calcular el total de esos aranceles, ya que son recaudados en diversos puertos de entrada al país.
Los demócratas retrasan , desde hace semanas, la renovación de la ley hasta que no se logre un consenso sobre otra medida que también impulsa la Casa Blanca.

Bush quiere que el Senado apruebe pronto la Autoridad para la Promoción Comercial (TPA, siglas en inglés), antes conocida como fast track o “vía rápida”, que le permitiría negociar nuevos acuerdos comerciales sin la injerencia del Congreso.

Parte del desacuerdo -que ha enfrentado a sindicatos contra el sector empresarial- también tiene que ver con el alcance de medidas de protección laboral y del ambiente.

PROYECTO

El presidente  George Bush consiguió que el Senado rechace un proyecto demócrata para sustituir el análisis de la Autoridad para la Promoción Comercial.

Esta ley, le permitirá presentar acuerdos para la aprobación o rechazo del Congreso sin que este pueda modificarlos.

Bush  desea contar con este poder para negociar la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (Alca) y concluir una nueva ronda global de negociaciones comerciales para el 2005.