Lo primero que quiero destacar y a la vez censurar es la reiterada agresión del Gobierno a los jubilados y más extensamente a los adultos mayores. No entiendo cómo nadie del entorno íntimo de Rafael Correa, funcionario o amigo, le haya podido transmitir que los artículos 35 y 36 de la Constitución de la República están vigentes, aun prescindiendo de que tardíamente le hayan hecho notar o se haya percatado por sí mismo de que el artículo 371 de su texto impide gravar con tributos cualquiera de las prestaciones en dinero del seguro social. Porque no se trata solamente de no imponer el pago de impuesto a la renta a las pensiones jubilares más altas –exentas hasta ahora– sino además que plantea la reducción, en vez de la ampliación y mejoramiento como sería lo sensato, del trato que reciben las personas de la tercera edad y los discapacitados.

Una bofetada a los adultos mayores es la propuesta del presidente de rebajar el monto de la devolución del IVA junto a la intención de lastrar con impuestos las pensiones jubilares, y si existen distorsiones que no se arreglaron a tiempo, las correcciones deberían ser puntuales, específicas, pero no generales a través de una ley que afecta a tirios y troyanos. Pero como una ley no puede estar dirigida solo a unas pocas personas, tendrán que buscar una fórmula eficaz que no perjudique a todos si quieren seguir con el desarrollo de ese tema.

Creo firmemente que los derechos adquiridos por los jubilados no deben jamás ser mutilados; cualquier reforma debe ser para mejorar su situación, nunca para empeorarla. Tal vez si el Estado lo requiere ante una necesidad suprema, podría ser cambiada cualquier regla para llegar a la jubilación, es decir, podría ser modificada cualquier expectativa pero no la jubilación en sí misma, como ha ocurrido en algunos países europeos en que ha aumentado la edad para jubilarse o el número de años de aportaciones a la seguridad social, pero los derechos que ya tiene un jubilado son absolutamente intangibles. Intocables. Por lo menos si se respeta la Constitución.

Por lo demás, como el proyecto presidencial tiene especial interés en promover y estimular el uso del dinero electrónico, preservando la moneda física –que también se la resguarda impidiendo que emigre junto con los viajeros que salen del país– no serán suficientes para incentivar su utilización los pocos puntos del IVA que premian esa acción, pues lo más importante es difundir con mayor detalle y amplitud el funcionamiento del mecanismo que no toda la gente conoce, y sobre todo, el régimen tiene que dar confianza al usuario que hasta ahora ha mostrado temor a una forma de pago cuyo procedimiento ignora. Y lo desconocido siempre atemoriza, con mayor razón en época de vacas famélicas.

Debe darse por descontado –aunque en este país todo es posible– que habrá múltiples excepciones para el límite de la salida de divisas en razón de las causas, como por ejemplo para el pago de emergencias de salud o por razones de costos de estudios debidamente justificados. En todo caso, de la mayoría legislativa no puede esperarse ningún razonamiento autónomo, pues aprobará lo que el Ejecutivo disponga, especialmente al tratarse de impuestos o sea de nuevos ingresos que el Gobierno requiere a gritos. Pero cuidado, que no hay crisis. (O)