Una misión técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) visita desde este lunes el país para conocer los avances del convenio 98 sobre la sindicación y negociación colectiva. Se prevé que se reúnan con sindicatos, autoridades del Gobierno, empresarios y la Corte Nacional de Justicia.

Verónica Montúfar, de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), comenta sobre los temas que tratarán con los expertos.

¿Qué le plantearán a la misión?
Que haya una ratificación de aquellas recomendaciones que los órganos de control ya han realizado y que el gobierno ecuatoriano no ha cumplido.

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En el tema legislativo, la OIT plantea que se dejen sin efecto dos acuerdos ministeriales del proceso de revisión unilateral de los contratos colectivos y además se plantea que se restituya el derecho de negociación colectiva a los trabajadores del sector público, incluido, a los servidores públicos en todas las materias de la relación laboral. La mayor parte de los trabajadores del sector público no están organizados, no tienen estabilidad frente a ese tema; lo que se ha hecho es amedrentar.

Lo otro que vamos a plantear es que se lleve adelante un proceso de diálogo porque si no existe no se puede llevar adelante un proceso real, respetuoso y de voluntad política de restituir derechos. Para eso se necesita que el gobierno respete a las organizaciones que no son afines a su proyecto político; romper la práctica de diálogo bilateral discrecional que ha llevado adelante durante este periodo el gobierno, porque diálogo ha habido con los amigos.

Estamos pidiendo que se institucionalice un encuentro que tenga una agenda que incluya las observaciones de la OIT y desde los sindicatos públicos estamos pidiendo que exista una reparación integral y social al movimiento sindical porque los sindicatos del sector público han sido decretados como blanco político para el exterminio. Se nos ha asociado con fines protervos, estamos pidiendo que haya una restitución y reparación de la legitimidad del movimiento sindical porque hemos sido objeto del desprestigio y nosotros tenemos calidad política y ética para ser un movimiento y una expresión de la sociedad.

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El otro tema es la negociación colectiva que es frágil. Un último punto es una queja especifica sobre la Unión Nacional de Educadores (UNE). Hay una política para desestimular a los docentes de ser parte de la UNE; se ha satanizado a la organización, a su dirigencia y al trabajo que ha hecho la organización.

Y finalmente se analizará una nueva queja que presentamos el año pasado que tiene que ver con el proyecto de enmienda constitucional a los artículos 229 y 326 de la Constitución.

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Anteriormente la Internacional de Servicios Públicos ya presentó quejas a la OIT. ¿sobre qué temáticas fueron?
La misión técnica de OIT es el resultado de un consenso tripartito que se llevó a cabo de la Conferencia 103 del Organismo Internacional (celebrada en Ginebra-Suiza en junio de 2014) en el marco de la aplicación de la Comisión de Normas que es la instancia tripartita más alta de juzgamiento a los estados por el incumplimiento de los convenios internacionales del trabajo.

Cada año llegan únicamente 25 casos que deben cumplir con un proceso y requisitos. Desde el año 2008 comenzamos con la denuncia internacional de lo que sucedía con los trabajadores del sector público. Por un lado hubo quejas ante el Comité de Libertad Sindical, pero también hubo observaciones sindicales a la implementación de los convenios 87 y 98 de OIT; estas observaciones se han hecho sistemáticamente cada dos años.

Con estos insumos del Comité de Libertad Sindical y de los expertos de la OIT se realiza un informe discutido en la Conferencia Internacional del Trabajo. Ese informe es acordado por el grupo de los trabajadores, empleadores y estado y ahí se deciden los casos más graves.

Desde el 2008 hasta el 2014 estuvimos trabajando por eso y solo en el 2014 logramos que se puede llevar el caso del Ecuador ante la comisión de aplicación de normas

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¿Este informe realiza solo sugerencias a los países?
Así es. El informe de los expertos de OIT está fundamentado en relación a la normativa internacional del trabajo. Para nosotros es un tema muy importante porque plantea desde el punto de vista jurídico que las denuncias y demandas de los trabajadores ecuatorianos han sido validadas, es decir, hemos logrado constatar que no hay un tema político de por medio, sino, un incumplimiento de una normativa internacional que el estado ecuatoriano como signatario de esos convenios deben cumplir.

¿Qué efectos esperan luego de la emisión de este informe?
Los informes que han realizado los expertos de OIT y la Comisión de Libertad Sindical sobre el Ecuador han sido validados tripartitamente (empresarios, trabajadores, estados) por el Consejo de Administración de la OIT.

Desde el 2008 cuando el Comité de Libertad Sindical emitió las recomendaciones al Ecuador, el gobierno ecuatoriano sistemáticamente ha desconocido e ignorado esas recomendaciones de la OIT. A ese nivel las recomendaciones tiene una fuerza exclusivamente moral. Los expertos de OIT nos han dado la razón a los trabajadores desde el tema jurídico, desde el tema político los gobiernos empleadores y trabajadores en el mundo han validado esos informes, por tanto tenemos un respaldo político del tripartismo a nivel internacional. Este es un elemento.

La OIT tiene diferentes mecanismos para lograr que los mecanismos para lograr que la normativa internacional se cumpla. Uno de esos mecanismos son las misiones que tienen diferente carácter y composición, son técnicas, contacto directo, tripartitas y la comisión de encuesta. Esta última es la más alta. La que llega al país -que es la primera en el mundo del trabajo que viene al Ecuador- es una misión técnica de expertos del departamento de normas internacionales del trabajo quienes van a producir un informe sobre el convenio 98. Esta es una victoria a medias porque nos falta un trecho por recorrer, porque tenemos que lograr que las recomendaciones que se hagan sean cumplidas por el gobierno.

Vamos a decir a la Comisión que los casos anteriores se mantienen y que el gobierno no ha cumplido con las recomendaciones, que algunos de ellos se han agravado y que hay otro conjunto de casos que ponen una panorámica compleja en este país.

¿Existen violaciones a los derechos de los trabajadores?
El periodo que inicia en el 2007 tienen una política de estado que atenta contra los derechos del sector público y desde el año 2008 con los mandatos constituyentes, la constitución, el mandato 8 y la revisión de los contratos colectivos empezó un proceso de cercenamiento de los derechos de los trabajadores del sector público.

La primera queja fue en el 2008 y fue por la revisión unilateral de los contratos públicos dictaminado por el Mandato 8 y posteriormente medidas de carácter administrativo que fueron inobservantes del convenio 98. Con esa queja que presentó la Internacional de Servicios Públicos y otras organizaciones,entre ellas, la Federación de Trabajadores Petroleros del Ecuador estaba el despido antisindical de los cuatro dirigentes petroleros. En junio del 2008 el despido de estos dirigentes se dio aplicando por primera vez el mandato 4 que fueron a Diego Cano, Ramiro Guerrero, John Olaza y Edgar de la Cueva. Las cuatro cabezas fueron despedidos por haber sacado un remitido de prensa en el que se planteaba que estaban en desacuerdo con la política petrolera del Ecuador y además denunciaban (supuestos) conflictos de intereses del en ese tiempo ministro de Energía, Galo Chiriboga. Por una disposición del presidente de la República se despidió a los dirigentes y este caso está planteado en una queja ante el Comité de Libertad Sindical junto con la revisión unilateral de los contratos.

Esta queja agrupó las demandas de la Fetrapec, la ISP y centrales sindicales agrupadas en el FUT que tienen que ver con despidos antisindicales y despidos unilaterales de los contratos colectivos.

¿Qué recomendó la OIT sobre este caso?
En primer lugar que se lleve adelante un proceso de diálogo entre las autoridades de Petroecuador, Relaciones Laborales, y la dirigencia de la Fetrapec para buscar los mecanismos para el reintegro de los cuatro dirigentes sindicales despedidos. Con eso se reconoce que hubo una violación de derechos y el gobierno no ha podido probar que fue un despido injustificado a pesar de que hay una indemnización de por medio.

¿Qué otros casos presentarán a la misión?
La misión viene exclusivamente a tratar los temas por el convenio 098, estos casos caben perfectamente.

Otro de los casos que hemos planteado es el 2926 que tiene que ver con el despido masivo de trabajadores a través de la ejecución del decreto ejecutivo 813 del año 2011. El punto de señalamiento es que la figura del decreto es incongruente, que no tiene mayor articulación, ni siquiera con una argumentación jurídica en términos de su concepto y que viola el derecho de los trabajadores, hace que un decreto modifique la ley y la Constitución y hay un desfase jurídico entre el rigor de las normas jurídicas y decretos. Una de las cosas que planteamos es que el decreto es absurdo e incongruente y que fue aplicado de manera discrecional para sacar del sector público a dirigentes sindicales, gremiales y a todo aquel trabajador que le era incómodo e inconveniente al régimen.

Estamos diciendo que es un figura arbitraria discrecional y fue asumida en términos de obstrucción a las organizaciones sindicales y gremiales, pero por otro lado el grueso de los trabajadores despedidos era el grueso de los que estaban organizados. Sacaron a casi 15 mil personas y eso significa que hay una pérdida de una membresía en las organizaciones, eso es una seria injerencia en la organizaciones para debilitarlos.

El convenio 98 ¿qué aspectos engloba?
Son cuatro puntos que el convenio 98 plantea, el primero es que los estados tienen que garantizar que no exista ninguna práctica antisindical, es decir, que no hayan despidos, declaraciones de autoridades públicas en contra de dirigentes, derechos u organizaciones, implica que no exista paralelismo sindical; es decir, alentar y promover organizaciones sindicales adeptas al proyecto político imperante en el poder. En este país (Ecuador) es uno de los puntos frágiles.

Los estados deben garantizar que estas prácticas antisindicales no se den, por lo tanto deben garantizar que las organizaciones tengan un libre ejercicio con autonomía de las autoridades y de los empleadores.

Pero el gobierno afirma que con el nuevo Código Laboral que se analiza en la Asamblea se promueve la libre asociación.
Planteamos que los estados como empleadores no pueden estar por encima de las normativas que exigen para los empleadores privados. El Estado como empleador debería dar el ejemplo, pero el estado desde el 2007 es un estado vertical, unilateral, impositivo y cercenador de derechos.

Los trabajadores no hemos planteado que estamos por encima de la sociedad. Planteamos que somos trabajadores y que tenemos derechos reconocidos internacionalmente, conquistados con la lucha de los trabajadores y que en ningún momento se dice que se cercene a la sociedad de beneficios o que se den beneficios a los trabajadores, de ninguna manera.

En la medida que haya la posibilidad de tener una armonía laboral en la posibilidad que se dé que el lugar de trabajo sea digno, que el salario sea digno, los trabajadores del sector público van a estar más comprometidos con la sociedad. (I)