‘Sin mentirle estamos solo a queso y arroz, no hay nada más que comer’: historias de trabajadores que sufren atrasos del Estado

Elvis Macías es un manabita que llegó hace un año a Quito en busca de trabajo. Hace cuatro meses trabaja como guardia de seguridad en Gevise, una empresa que da servicios al Estado, pero no ve su sueldo: “Me vine en busca de trabajo. Ahora me sale trabajo como guardia de seguridad, pero no me han pagado hace dos meses”, dice este joven de 22 años con una expresión entre resignada pero sin perder el optimismo. Asegura que él paga a medias con su mamá arriendo, agua, luz, en una pequeña casa en el barrio Caupicho, en el sur de la capital.

“La situación es muy difícil, ahora mismo, sin mentirle, estamos solo a queso y arroz, no hay nada más que comer”, cuenta en medio de los gritos de sus compañeros que junto a él acudieron días atrás a la Plataforma Financiera para protestar y pedirle al Gobierno que cumpla con lo adeudado.

Para colmo de males, el marido de su madre también es guardia que da seguridad al Estado y tampoco le han pagado. Por eso, indica que no saben qué harán en Navidad. Esperaba que hasta este 24 algo le paguen. Pero él también piensa en quienes están impagos y en peor situación: “Imagínese a mis compañeros que tienen hijos, cómo van a pasar. Los niños anhelan tener una Navidad bonita”. Por todo ello es que quienes dan servicio a entidades públicas salieron a protestar.

Como Elvis muchos otros trabajadores y dueños de empresas proveedoras del Estado se encuentran en una situación vulnerable y en esta época del año.

Marco Mosquera tiene una empresa familiar con su hijo, su esposa, y otros dos familiares. La empresa que provee equipos tecnológicos como tablets, cámaras fotográficas, GPS, empezó desde agosto a ser proveedor del Estado. En un principio buscaron trabajar con el Estado convencidos de que el Gobierno sería un buen pagador, y porque según la ley de Contratación Pública los pagos deben ser contra entrega del bien o del servicio. Ahora considera que fue una mala decisión. Cuenta que tuvieron entre sus pedidos la provisión de equipos para el Ministerio de Cultura de Cuenca y lo hicieron de manera puntual, en septiembre. Lamentablemente desde ese mes hasta ahora, en diciembre, solo tienen un CUR (orden de pago) por $ 20.000, pero ningún pago efectivo.

Esta Navidad, a su familia no le interesa si tendrán o no algo para la cena, “tal vez un pollito”, pero sí les angustia no poder pagar al banco.

Marco también cuenta que el banco le presiona, pues para poder entregar el producto hizo un microcrédito con más de 20 % de interés. “Nosotros para poder ganar el contrato dimos el mejor de los precios, hemos entregado equipos a precios bajos pensando que nos iban a pagar de inmediato”. Para no caer en mora con el banco, confiesa que se han endeudado con un chulquero.

En este sentido, le parece que el trato a los proveedores es muy injusto, pues el Estado cuando un proveedor no cumple los plazos de entrega le cobra multas de $ 1.000 a $ 3.000 por cada día de retraso. En cambio, si el Estado demora el pago, no sucede nada.

El Ministerio de Finanzas les ha dicho extraoficialmente que “no hay plata”. Lo que le parece inconcebible es que el Servicio de Compras Públicas (Sercop), que es el ente que coordina los concursos, permita que haya compras sin haber el dinero para cancelar a los proveedores. “¿Acaso ellos alcahuetean la estafa contra los proveedores? Si no tienen plata, frenen las compras. Ellos están quedando bien con plata de nosotros”.

Entre tanto, el ministerio les ha dicho que les pagarán con Certificados de Tesorería (Cetes) que luego podrían negociar con un castigo. A la vez el Estado les obliga a pagar puntualmente al Servicio de Rentas Internas (SRI) y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). “Nos sentimos en una burbuja sin salida y no tenemos respuesta”, dice.

Desde Cuenca, Carlos Luis Calvache Rodas, con su pequeña empresa de 18 empleados CIC Textiles y Distribuciones, también vive una difícil situación estos días.

Aunque él ha trabajado 15 años con el Estado, y conoce que existe este tipo de atrasos, lamenta que haya mandos medios que demoran sin contemplar el daño que hacen a los acreedores. Su empresa, que tiene algunas líneas de producción, desde la fabricación de uniformes deportivos, lencerías para sector de salud y dispositivos médicos descartables y no descartables, se mantiene con dificultad por varios aspectos.

El Programa Hilando Desarrollo, en el cual su empresa está inmersa, ha ido reduciendo su alcance, además no hay buena venta por los problemas de menor actividad económica del país y, por otro lado, por la falta de liquidez del Estado. Asegura que le han informado que los CUR que se generaron en septiembre seguramente se pagarán el 2024.

Hace una semana, su empresa alcanzó a pagar el sueldo de los trabajadores de octubre, pero les debe a sus proveedores, y debe estar al día con el impuesto al valor agregado (IVA), el SRI y el IESS. A los proveedores suyos les ha pedido que le extiendan el plazo de pago por esta situación. Asegura que ellos le han comprendido porque saben “que todos raspamos de la misma olla”.

A Carlos Luis no le suena mal que le paguen con Cetes, pero el problema es que con el cambio de autoridades no se termina de concretar el acuerdo de pago. Explica que si no hay un pago de manera pronta se estará afectando a madres solteras cabezas de hogar en el Azuay. “Yo me siento abusado por el Estado”, asegura y explica que el Gobierno no está respondiendo a los reclamos y el no pagarles es una forma de agresión y de irresponsabilidad. Añade que por el contrario a él como empleador no le importa no tener un dólar en el bolsillo, pero lo que quiere es pagarles a sus empleados.

Por Navidad, en su empresa querían hacer algo pequeño, aunque sea una reunión para compartir momentos juntos.

El último 21 de diciembre, los proveedores habían previsto realizar un nuevo plantón en la plataforma gubernamental para exigir que se les pague. Por su parte, el ministerio ha dicho que buscará maneras de pago, pero ha reconocido que sus atrasos se han expandido hasta cerca de los $ 5.000 millones. El 20 de diciembre, el atraso en el tema de bienes y servicios del presupuesto se había ubicado en $ 558 millones. La diferencia estaba dada porque hasta esa fecha se habían devengado $ 2.078 millones en pagos al Estado y solo $ 1.520 millones habían sido pagados de manera efectiva. (I)